Sentencia 24/2017 de 22 de febrero de 2017 Audiencia Provincial de Pontevedra (s. penal)

 

 

 

Sentencia 24/2017 de 22 de febrero de 2017 Audiencia Provincial de Pontevedra (S. Penal), sobre delito contra la Seguridad Social. Condena seis meses prisión por obtención ilegal de prestaciones por desempleo mientras se reside y trabaja en el extranjero durante más de dos años.


 

Sentencia 24/2017 de 22 de febrero de 2017 de la Audiencia Provincial de Pontevedra (S. Penal)

 
Transcripción de la sentencia a efectos divulgativos, eliminando datos personales. Original disponible en CENDOJ

Roj: SAP PO 323/2017 – ECLI: ES:APPO:2017:323
Id Cendoj: 36038370042017100045
Órgano: Audiencia Provincial. Sede: Pontevedra. Sección: 4
Fecha: 22/02/2017
Nº de Recurso: 1026/2016
Nº de Resolución: 24/2017
Procedimiento: PENAL – APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4.

SENTENCIA: 00024/2017

APELACION PROCTO. ABREVIADO 0001026 /2016-P
Delito/falta: CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL

En Pontevedra a veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

VISTO, por esta Sección 004 de esta Audiencia Provincial en la causa arriba referenciada, el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora (suprimido), en representación de  (suprimido), contra la Sentencia dictada en el procedimiento PA 0000195 /2016 del JDO. DE LO PENAL nº3 DE PONTEVEDRA habiendo sido parte en él, como apelante el mencionado recurrente y como apelado el MINISTERIO FISCAL, en la representación que le es propia, actuando como Ponente el/la Magistrado/a Ilmo/ a. Sr./a. (suprimido)

 


 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO

 
PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó Sentencia con fecha 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ” Que debo CONDENAR Y CONDENO a  (suprimido), en quien concurre la atenuante de reparación o disminución de los efectos del delito del artículo 21.5º del Código Penal , como autor penalmente responsable de un delito contra la seguridad social del artículo 307 ter.1 del Código Penal , a las penas de seis meses de prisión , inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de tres años ; y a que en concepto de responsabilidad civil indemnice al Servicio de Empleo Público Estatal en la cantidad de 14456,88 euros ( principal e intereses ) con imposición de costas.”

Y como Hechos Probados expresamente se recogen los de la sentencia apelada: ” Probado y así se declara que el acusado,  (suprimido), mayor de edad , sin antecedentes penales , con domicilio en Pontevedra , trabajaba desde junio de 2013 en Reino Unido y residía en dicho país desde el 10 de junio de 2013 . Con cargo a la Seguridad Social española  (suprimido) percibió una prestación contributiva desde el 6-6.2013 hasta el 26-4-2014 y na prestación asistencial desde el 27-5-2014 hasta el 30-6-2015 .

Desde la salida de España y residencia en Reino Unido ( junio de 2013) el acusado no tiene derecho a percibir tales prestaciones , ni contributiva ni asistencial , de la Seguridad Social española , no obstante lo ocultó intencionadamente la circunstancia de residir y trabajar en el extranjero , que supondría la extinción de la prestación , y solicitó dese el 12-2-2013 hasta al 10-5-2015 en diez ocasiones la renovación de la prestación por desempleo . El importe de lo percibido indebidamente asciende a la cantidad de 13.202,96 euros.”

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la representación procesal del hoy recurrente, se interpuso recurso de apelación que formalizó exponiendo las alegaciones que constan en su escrito, el cual se halla unido a las actuaciones.

TERCERO.- Por el Órgano Judicial sentenciador se remitieron a este Tribunal los autos originales con todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, la que tuvo lugar el día 17.1.2017.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos que se declaran probados en la sentencia objeto de recurso.

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

 
PRIMERO .- La parte recurrente alega , frente a la sentencia condenatoria , error en la valoración de la prueba y repercusión sobre los elementos de calificación de la conducta, error de prohibición e inexistencia de dolo y concurrencia de la atenuante de confesión con la atenuante de reparación del daño causado.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del recurso.

SEGUNDO .- Por lo que respecta al error en la valoración de la prueba , constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que indica que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano “ad quem”, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

En este caso , la juzgadora valora pruebas practicadas en el plenario tales como la propia declaración del acusado así como las declaraciones de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería . Y articula el relato de hechos probados sobre la base de la valoración de las referidas declaraciones ; en primer lugar y estando a la versión del acusado , se considera probado que el acusado residía desde 2001 en Pontevedra , que en junio de 2013 se fue a Reino Unido donde trabajaba por días , regresando cada tres meses , reconociendo a través de la documentación obrante en autos la realidad de la percepción en España de prestación de desempleo y asistencial en los periodos temporales contenidos en el relato de hechos probados . De la declaración de los agentes se concluye que durante el referido espacio temporal , el acusado residía y trabajaba en el extranjero ocasionalmente , sin haber comunicado dicha circunstancia ; admitiendo la juzgadora incluso la tesis de la defensa en el sentido de que regresaba cada tres meses a España.

Ningún error se observa en la valoración de la prueba realizada . No obstante la cuestión que plantea la parte es el error en dicha valoración en relación a la existencia del dolo, considerando que concurre error de prohibición y que los hechos han de circunscribirse al ámbito y correspondiente sanción administrativa.

Señala la STS 571/2016 de 29.6 : “No cabe duda, como ha destacado la Doctrina que la evitabilidad del error de prohibición tiene una función decisiva en el régimen establecido en el art. 14 del CP Legislación citada que se aplica Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. art. 14 (24/05/1996) . De acuerdo con éste, el error sobre la antijuricidad excluirá la punibilidad, cuando haya sido invencible. Invencible es el error cuando el autor no hubiera podido evitarlo. Por lo tanto la inevitabilidad se convierte en un presupuesto de la exclusión de la punibilidad por error de prohibición. La evitabilidad del error de prohibición, por el contrario determina la punibilidad del hecho típico, antijurídico y culpable, con la pena del delito doloso, aunque atenuada, según el art 14.3 CP Legislación citada CP art. 14.3 . Dogmáticamente se entiende que la no punibilidad será siempre consecuencia de la eliminación de la culpabilidad: Sea porque, cuando el error es inevitable, el autor no ha podido obrar de otra manera, sea porque el autor no tiene a su cargo la evitabilidad, sea porque quien no ha tenido la posibilidad de conocer la ilicitud no puede ser alcanzado por el mandato normativo, o sea, finalmente, porque el autor no ha podido conocer la ilicitud a pesar de haber empleado su capacidad para ello ” , y continúa aludiendo a la STS nº 602/2015, de 13 de octubre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 13-10-2015 (rec. 191/2015) , precisa que “El error ha de demostrarse indubitada y palpablemente ( STS 123/2001, 5 de febrero Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 05-02-2001 (rec. 1519/1999) ), pues la jurisprudencia tiene declarado que el concepto de error o el de creencia errónea ( art. 14 CP 1995 Legislación citada CP art. 14 ) excluye por su significación gramatical, la idea de duda; y en este sentido error o creencia errónea equivale a desconocimiento o conocimiento equivocado, pero en todo caso firme. En cualquier caso -recuerda la STS 687/1996, 11 de octubre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 11-10-1996 (rec. 2891/1995) -, el error o la creencia equivocada no sólo ha de probarse por quien la alega, aunque esto en algún aspecto sea discutible, sino que además, y esto es lo importante, no es permisible su invocación en aquellas infracciones que sean de ilicitud notoriamente evidente, de tal modo que de manera natural o elemental se conozca y sepa la intrínseca ilicitud. No se olvide que basta con que el agente tenga conciencia de la probabilidad de la antijuridicidad del acto, para que no pueda solicitar el amparo del artículo 6 bis, a) tal y como se desprende de las Sentencias de 29 noviembre , 16 marzo 1994 , 12 diciembre y 18 noviembre 1991 , entre otras muchas. Insiste la STS 411/2006, 18 de abril Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 18-04-2006 (rec. 421/2005) que «no cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por el ordenamiento jurídico, que todo el mundo sabe y a todos consta que están prohibidas» ( SSTS 11 marzo 1996 , 3 abril 1998 ), añadiendo que, en el caso de error iuris o error de prohibición, impera el principio ignorantia iuris non excusat , y cuando el error se proclama respecto de normas fundamentales en el Derecho Penal, no resulta verosímil y por tanto admisible, la invocación de dicho error, no siendo posible conjeturar la concurrencia de errores de prohibición en infracciones de carácter material o elemental, cuya ilicitud es «notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada» ( SSTS 12 noviembre 1986 y 26 de mayo de 1987 ).”

Pues bien , la Sala comparte el razonamiento contenido en la sentencia por el que se excluye la existencia del error. La afirmación del acusado de haber preguntado a otras personas en la misma situación informándole de que volviendo a España cada tres meses cumplía la normativa , afirmación a la que la juzgadora no dota de credibilidad , solo pone de manifiesto el conocimiento de la existencia de una normativa y por tanto y como razona la juez a quo , la posibilidad de emplear diligencia para conocerla ya que , a mayor abundamiento si volvió a España a los efectos de renovar la prestación conociendo que en caso contrario le sería retirada ; debiéndose añadir su actuación en el ámbito administrativo reconociendo parte incluso importe de un periodo temporal.

Insistiendo en que el error de prohibición ha de ser acreditado por quien lo alega , no consta prueba que así lo acredite sin que el hecho de ser de nacionalidad extranjera conlleve como se sostiene por la defensa , el desconocimiento de la operativa de cobro del paro en España ; puesto que el acusado no solo llevó a cabo las actuaciones precisas para percibir la prestación de desempleo así como la asistencial posteriormente sino que renovó hasta en diez ocasiones la tarjeta de demanda de empleo ; de modo que considerando que hubo una ocultación consciente por su parte al no poner en conocimiento de la entidad gestora que residía en el extranjero ( desde el 10 de junio de 2013 en la  (suprimido)) donde trabajaba ( de acuerdo con las declaraciones de los agentes ), se estiman los hechos constitutivos del delito previsto en el artículo 307 ter.1 del Código Penal.

TERCERO .- Interesa la parte la aplicación de la circunstancia atenuante de confesión , junto a la atenuante de reparación del daño ya tenida en cuenta por la juzgadora.

Establece en relación a la primera de las circunstancias mencionadas la STS 764/2016 de 14 de octubre ” Con la STS 832/2010, de 5 de octubre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 05-10-2010 (rec. 11449/2009) , y la STS 240/2012, de 26 de marzo Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 26-03-2012 (rec. 11264/2011), hemos de poner de relieve que el fundamento de la atenuación en la confesión del reo radica, una vez superada la anterior concepción de la atenuación basada en motivaciones pietistas o de arrepentimiento, en razones de política criminal, pues la confesión ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa criminal. Confesar supone poner en conocimiento de la autoridad judicial o de la policía, los hechos acaecidos, y requiere que la misma sea sustancialmente veraz, no falsa o tendenciosa o equívoca, sin que deba exigirse una coincidencia total con el hecho probado. Esa confesión, además, supone un reconocimiento de la vigencia de la norma y un aquietamiento a las previsiones de penalidad previstas en el ordenamiento para su conducta. El requisito de la veracidad de la confesión, siquiera sustancial, parte del propio fundamento de la atenuación, pues si lo que pretende el confesante no es la declaración de unos hechos posibilitando la actuación instructora sino la defensa ante un hecho delictivo no se cumple con esa finalidad que fundamenta la atenuación.

Ahora bien, eso no implica que, puesta sobre la mesa la veracidad de los hechos, no pueda el confesante poner también de relieve aquellos elementos de donde deducir cualquier género de comportamiento atenuatorio de su responsabilidad penal.

En la STS de 25 de enero de 2000 Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Penal , Sección: 1ª, 25/01/2000 (rec. 138/1999)Atenuante de confesión. , se hace una exposición minuciosa de los requisitos integrantes de la atenuante de confesión, que serán los siguientes:

1º Tendrá que haber un acto de confesión de la infracción.
2º El sujeto activo de la confesión habrá de ser el culpable.
3º La confesión habrá de ser veraz en lo sustancial.
4º La confesión ha de mantenerse a lo largo de las diferentes manifestaciones realizadas en el proceso, también en lo sustancial.
5º La confesión habrá de hacerse ante la autoridad, agente de la autoridad o funcionario cualificada para recibirla.
6º Tiene que concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiendo de entenderse que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante.

Por “procedimiento judicial” debe entenderse, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, las diligencias policiales que, como primeras actuaciones de investigación necesariamente han de integrarse en un procedimiento judicial ( SSTS 23.11.2005 , con cita en las sentencias 20.12.1983 , 15.3.1989, 30.3.1990 , 31.1.1995 , 27.9.1996 , 7.2.1998 , 13.7.1998 y 19.10.2005 ).

Esto mismo se repite en la STS 775/2008, de 26 de noviembre , en donde se destaca que tal exigencia de veracidad en nada contradice los derechos constitucionales “a no declarar contra sí mismo” y “a no confesarse culpable”, puesto que ligar un efecto beneficioso a la confesión voluntariamente prestada, no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se quiere ( STC 75/1987, de 25 de mayo Jurisprudencia citada a favor STC , Sala Segunda , 25/05/1987 ( STC 75/1987)Atenuante de confesión, exigencia de veracidad. ).

Pues bien , la celebración del acto del juicio , y el argumento mantenido relativo a la inexistencia de uno de los elementos precisos para la concurrencia del tipo penal lleva a considerar que no puede admitirse la aplicación de la circunstancia solicitada y el mantenimiento de la culpabilidad administrativa como sostiene el recurrente no es suficiente para considerar que el acusado ha confesado la infracción , que ha reconocido su autoría.

CUARTO .- No se hace expresa imposición de costas procesales.

 


 

PARTE DISPOSITIVA

 
LA SALA ACUERDA :- DESESTIMAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Sra Alvarez Sánchez en representación de  Luis Pedro  contra la sentencia de fecha 1.9.2016 dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra que se confirma sin imposición de costas procesales.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.
Así por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION :- Leída y publicada , ha sido la anterior sentencia por la Ilma Sra Magistrada – Juez que la suscribe , hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha , de lo que yo el Secretario , doy fe.

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Hay 2 comentarios en “Sentencia 24/2017 de 22 de febrero de 2017 Audiencia Provincial de Pontevedra (s. penal)

  1. Hola buenas.
    Ayer hice una consulta y no he recibido respuesta.
    El caso es que me concedieron la RAI del 2/7/2015 al 1/6/2016.
    La duda es si ya podría ir a solicitar otra RAI o como la última fecha de cobro fue el 10/7/2016 pues me tengo que esperar hasta el mes que viene….. Como hay que dejar pasar 12 meses entre una y otra.
    Gracias.

    • El periodo de 12 meses se cuenta siempre a partir del último día en que la ayuda está vigente, no el día de la fecha de cobro, que siempre es el 10 de cada mes.  [ ] Se responde al lector por email (ref. 133214)

 

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