El Tribunal Europeo considera discriminatorio pagar distintas indemnizaciones a trabajadores fijos y temporales

Sentencia del Tribunal de Justificia de la Unión Europea

El TJUE reconoce el derecho de una trabajadora con contrato de sustitución a recibir la misma indemnización que correspondería a un contrato fijo.

La normativa española sería discriminatoria, pues otorga distintos derechos según el contrato sea de interinidad, temporal o indefinido.

Los sindicatos anuncian acciones judiciales para reclamar la aplicación de esta sentencia, que podría afectar a millones de trabajadores.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016

La Sentencia de 14 de septiembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que algunos especialistas han calificado de “histórica”, puede modificar todo el sistema de indemnizaciones por finalización de contrato, acabando con las diferencias entre los contratos fijos y los temporales y estableciendo una indemnización única y que no resulte discriminatoria. Esta es al menos la conclusión de los sindicatos, que anuncian acciones judiciales para reclamar su aplicación.

El origen del caso y el contenido de la sentencia.
 

Trabajando en el Ministerio de Defensa con contratos de sustitución durante 10 años

 
Esta sentencia tiene su origen en un pleito de una trabajadora interina del Ministerio de Defensa. Doña Ana, la trabajadora, prestó sus servicios como secretaria en el Ministerio de Defensa mediante varios contratos de interinidad o sustitución a lo largo de más de diez años.  El último de estos contratos era para sustituir a otra trabajadora que desempeñaba tareas sindicales.  Cuando una reforma legal redujo la dispensa de los liberados sindicales y éstos regresaron a sus puestos de trabajo, Ana fue “despedida”, es decir, se dio por terminado su contrato de sustitución al regresar la persona a la que ella estaba sustituyendo.

 

 

El 19 de noviembre de 2012, doña Ana interpuso recurso demanda ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Madrid alegando que los sucesivos contratos de interinidad mediante los que fue contratada se celebraron en fraude de ley y que su relación laboral debería convertirse en indefinida. Por ello, además, solicitaba que la indemnización por la extinción de su contrato fuera la que corresponde a los contratos indefinidos:  20 días de salario por año trabajado.  Recordamos que la trabajadora en el momento de la finalización de su contrato no había recibido ningún tipo de indemnización después de una década trabajando para el Ministerio, ya que la legislación española no reconoce el derecho a indemnización al terminar un contrato de interinidad o sustitución.

La redacción actual del Estatuto de los Trabajadores, establece tres niveles de indemnización por finalización de contrato:

  • Contratos fijos o indefinidos: 20 días por año trabajado
  • Contratos temporales: 12 días por año trabajado
  • Contratos de interinidad: sin indemnización.
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    Indemnización al terminar el contrato de sustitución;  ¿ninguna?,  ¿doce días?  ¿veinte días?

     
    El 9 de diciembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando recibe el caso, lo remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), planteando lo que se conoce como una “petición de decisión prejudicial”, ya que existen dudas sobre si la regulación legal española pudiera contradecir el principio europeo de no discriminación entre los trabajadores con un contrato temporal y los que tienen un contrato fijo.  Este principio está recogido en la Directiva europea 1999/70/CE:

    «Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los rabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»

     
    Así, el Tribunal Español plantea al Tribunal de la Unión Europea que aclare si es correcta la distinción que existe, primero, entre los contratos de interinidad y los contratos temporales, y luego, entre los temporales y los indefinidos.

    El Tribunal Europeo en su sentencia, señala que el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.    Analizando las funciones que como secretaria desempeñaba la trabajadora en el Ministerio de Defensa, se llega a la conclusión de que sus tareas eran las mismas que las de otras secretarías con contrato indefinido, cuestión que no fue rebatida por el gobierno español, que se limitó a señalar como único elemento diferenciador que unas tenían un contrato indefinido y la trabajadora uno de interinidad, con distinta expectativa en cuanto a su duración y estabilidad.

    Este argumento, el carácter temporal de la relación laboral que tenía la trabajadora, no es admitido por el Tribunal Europeo, teniendo en cuenta que “la temporalidad” de la relación entre la trabajadora y el Ministerio de Defensa se prolongó con varios contratos durante más de 10 años.  Así, en su sentencia, indica que “el mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.”
     

    Consecuencias de la sentencia

    Nada más conocerse esta sentencia se han sucedido distintas reacciones.   Mientras que unos consideran que afectará a toda la regulación en materia de contratación temporal, otros expertos se han mostrado más escépticos por entender se trata de una sentencia ambigua y reclaman prudencia, a la espera de la valoración que haga el gobierno a través del Ministerio de Empleo.

     

     

    A grandes rasgos, hay dos tipos de interpretaciones posibles:  una, más limitada, que considera que tras esta sentencia los contratos de sustitución deberán tener derecho a la misma indemnización que el resto de contratos temporales.  La segunda interpretación, que es más amplia, es la que deduce que tras la sentencia del Tribunal Europeo, todos los contratos, con independencia de que sean fijos o temporales, deberán tener derecho a una misma indemnización.  Se tendería entonces a un modelo único de contrato en el que no haya discriminaciones entre trabajadores temporales y fijos.
     
    El Secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha señalado que la sentencia del Tribunal Europeo nada tiene que ver con la reforma laboral, pues la distinción entre contratos de internidad y temporales está regulada desde hace más de 36 años. También aclara que en opinión del Ministerio de Empleo, la sentencia permite la coexistencia de distintos tipos de contrato de trabajo, fijo y temporal. Se está analizando el impacto que tendrá esta sentencia, pero corresponderá al próximo gobierno, con plenas funciones, adoptar las medidas que pudieran ser necesarias para modificar la regulación actual.
     
    Los sindicatos, por su parte, están analizando y valorando la sentencia, pero coinciden en que tendrá efectos sobre la regulación de los contratos temporales.
     

    Comisiones Obreras (CCOO) ha declarado que la sentencia, “en sus implicaciones prácticas, supone equiparar los costes del despido de los trabajadores temporales a los trabajadores fijos. De esta forma se elimina la enorme distorsión que viene generando nuestra legislación laboral que de forma tradicional se fundamenta en la absoluta desprotección de los trabajadores temporales ante el despido.”  y que “no es necesaria ninguna reforma legal para habilitar que los tribunales puedan reconocer en el curso de un proceso laboral, el abono de una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, ante la extinción de cualquier contrato temporal”.  Por ello, CCOO anuncia que promoverá las acciones judiciales necesarias para asegurar el pago de la indemnización a la totalidad de trabajadores y trabajadoras temporales que han visto extinguido su contrato en el último año.
     
    CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama una oferta pública de empleo que evite la contratación de interinos. “En el conjunto de nuestras administraciones públicas, según cálculos de CSIF a partir de la Encuesta de Población Activa, hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal, para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es por tanto cercana al 11 por ciento, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el 20 por ciento”. Reclama, además, que los trabajadores contratados por las administraciones públicas tambié tengan derecho a la indemnización por finalización de contrato temporal que está reconocida en el sector privado (12 días por año).
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    La Unión General de Trabajadores (UGT) considera que “la sentencia del TJUE está corrigiendo una discriminación que afecta a las indemnizaciones, no está estableciendo un contrato único. En este sentido, destaca que éste Tribunal, en sucesivas sentencias, está echando por tierra parte de la legislación laboral española en materia de contratación y está instando a devolver los derechos que los trabajadores han perdido con las reformas laborales, tal y como lleva demandando el sindicato.” “El gabinete jurídico de UGT está analizando con detalle ésta y otras sentencias del Tribunal de Justicia Europeo para evaluar las consecuencias que tienen para los trabajadores, y ver cómo encauzar las demandas sobre sobre los posibles efectos retroactivos.”
     
    Esta sentencia del  Tribunal Europeo no es un caso aislado y marca una tendencia que obligará a revisar todo el sistema de contratación temporal.  

    Varias sentencias recientes ponen en cuestión la legislación española y la utilización en fraude de ley de los contratos temporales.  Como ejemplo, la correspondiente al asunto C-16/95 insiste en que la contratación temporal debe cumplir su objetivo y no admite el uso abusivo de la contratación temporal en el sistema sanitario para cubrir necesidades que son permanentes y estables.

     


    © Un artículo de Oscar de las Heras, coordinador. Actualizado el 20 de septiembre de 2016
     
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